Habrá que esperar al nuevo gobierno para que modifique el Acuerdo de Paz y defina una política integral contra los ‘cultivos ilícitos’.
La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca finalmente publicó los estimativos de cultivos de coca y elaboración de cocaína de Colombia correspondientes al 2017, resultados presumiblemente frenados por el Ejecutivo norteamericano para no afectar la pasada elección presidencial.
El informe oficial confirma el aumento desbocado de las siembras de coca en nuestro país, las cuales pasaron de 48.000 hectáreas en el 2013 a 209.000 hectáreas en el 2017, equivalentes a un crecimiento del 335 por ciento en el periodo.
Estados Unidos también certificó que la producción de cocaína pura de origen colombiano se triplicó en este lapso de tiempo, al pasar de 290 toneladas en el 2013 a 921 toneladas en el 2017.
En ambos casos, Colombia superó los registros históricos, desempeño calificado, con sobradas razones, como “inaceptable” por la Casa Blanca.
Tampoco debería sorprender el duro mensaje del presidente Donald Trump a nuestro país, según el cual “debe darse marcha atrás al crecimiento récord en la producción de cocaína”, legado de la administración saliente que le cae como una papa caliente al gobierno entrante.
Pese a que el reporte mencionado reconoce que los incrementos en la producción de coca en Colombia se relacionan con el mayor consumo de cocaína en Estados Unidos, resulta imposible soslayar el alarmante impacto de la producción cocalera nacional.
Colombia se convirtió en el principal productor mundial de cocaína por el ascenso de las siembras de coca legalizadas veladamente por el Acuerdo del Teatro Colón, que centró la solución al problema de las drogas ilícitas en un trato favorable para los “cultivos de uso ilícito”.
Esta insólita visión establece que la ilicitud de la coca no reside en su siembra, sino en su utilización.
Como resultado de esta perversa concepción y de la presión de las naciones vecinas y la Corte Constitucional, el Gobierno suspendió la aspersión área con glifosato, primero en la frontera con Ecuador y Venezuela, y luego en el territorio nacional en el 2015.
Desde entonces, los guerrilleros de las Farc visualizaron que el Acuerdo de Paz era alcanzable y, en consecuencia, promovieron la siembra de más cultivos de coca para hacer caja y aprovechar los programas de sustitución antes de que tuvieran que abandonarlos.
A ello se suman las actividades ilegales de ex guerrilleros de las Farc, el cartel de Sinaloa, las Bacrim y el Eln, el fracaso de la sustitución voluntaria, la mejora en la productividad de sembrados y laboratorios, las tácticas contra la erradicación manual y la resiembra del alcaloide en parques nacionales, áreas indígenas y otras regiones remotas.
Así las cosas, será necesario esperar al nuevo gobierno para que modifique el Acuerdo de Paz y defina una política integral contra los ‘cultivos ilícitos’, que incluya la aspersión aérea en los términos de la Sentencia T-236/17 de la Corte Constitucional, la ofensiva contra los precursores químicos, laboratorios, rutas y lavado del narcotráfico, complementado con proyectos agrícolas alternativos para los pequeños cocaleros.
