El entierro formal del Acuerdo Transpacífico, suscrito el 4 de febrero de 2016, fue la notificación oficial del inicio de una nueva era económica.
En cumplimiento de ineludibles disposiciones legales, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), adscrita a la Casa Blanca, remitió al Congreso, el primero de marzo, la Agenda de Política Comercial del presidente Donald Trump. Este documento, sujeto a posterior desarrollo, una vez Robert Lighthizer –nominado para dirigir el USTR– sea confirmado por el Senado, revela que el propósito central de la política comercial de Estados Unidos será “ampliar el comercio de una manera más libre y más justa para todos los norteamericanos”.
Cada acción, añade el escrito, “se diseñará para aumentar el crecimiento económico, promover la creación de empleos en Estados Unidos, fomentar la reciprocidad con los socios comerciales, fortalecer la base manufacturera y la capacidad para defender y expandir la agricultura, las exportaciones y la industria de servicios”.
La administración Trump considera que estos objetivos se pueden lograr de manera más eficaz a través de negociaciones bilaterales, revisión y renegociación de los acuerdos comerciales vigentes.
La nueva política comercial de Estados Unidos identifica las siguientes prioridades: defensa de la soberanía nacional respecto de la solución de disputas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyas normas multilaterales quedan subordinadas por completo a los intereses estadounidenses; estricta implementación del Capítulo VII de la Ley de Comercio de 1930, que le otorga facultades a la administración estadounidense para imponer medidas de defensa comercial contra subsidios y dumping; aplicación rigurosa de la Sección 210 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite a Estados Unidos imponer medidas de salvaguardia para defender su industria doméstica en los casos en que se cause daño grave a la industria local; uso meticuloso de las disposiciones de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al Ejecutivo para tomar medidas de retorsión comercial contra violaciones de los acuerdos comerciales; promoción de un acceso justo y reciproco para los productos y servicios estadounidenses en los mercados externos; negociación de mejores tratados comerciales y renegociación de Nafta –acuerdo comercial con Canadá y México– para que refleje las actuales circunstancias de la economía estadounidense.
Las razones que justifican este enfoque nacionalista se relacionan con el crecimiento más débil de los últimos sesenta años y la consecuente pérdida de cinco millones de empleos manufactureros, fenómenos vinculados con el déficit comercial de 734.316 millones de dólares, registrado el año pasado (4 por ciento del PIB), y particularmente con el desequilibrio existente con China (-347.038 millones de dólares), México (-63.192 millones de dólares) y Corea del Sur (-27.666 millones de dólares).
El entierro formal del Acuerdo de Cooperación Económica Transpacífico (TPP), suscrito el 4 de febrero de 2016, fue la notificación oficial del inicio de una nueva era económica y comercial, por medio de la cual la administración Trump le otorga abierta prevalencia al bilateralismo y relega a un segundo plano el multilateralismo, encarnado por la OMC y la globalización que han regido los mercados desde 1995.
