El Gobierno y el Congreso tienen la oportunidad histórica de acoger este gran acuerdo sobre lo fundamental para el desarrollo integral del campo.
A comienzos del presente año, el Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga, inició el proceso de consulta y concertación de un gran acuerdo sobre lo fundamental para el desarrollo integral del sector rural, el cual es definido como un asunto de interés nacional. La propuesta del Instituto busca propiciar una política de Estado cimentada en sólidos preceptos constitucionales, que fomente el avance del sector rural de manera sostenible y competitiva.
El acuerdo comprende todas las actividades agropecuarias, desde el campesinado con su agricultura familiar para el autoconsumo y la comercialización local hasta el productor empresarial de escala para el mercado doméstico y de exportación. Este Acuerdo, incluyente y comprensivo, busca consensos sobre mínimos realizables que beneficien al país rural, y particularmente, al pequeño y mediano productor, la mujer rural y la juventud del campo colombiano.
El acuerdo propone una reingeniería de la institucionalidad del sector agropecuario sujeta a indicadores de gestión, administración y resultados. En particular, recomienda la implementación del Consejo Mixto de Política Agropecuaria, dirigido por el Ministro de Agricultura, con independencia y autonomía para que defina los lineamientos estratégicos del sector. El acuerdo plantea medidas concretas para garantizar la seguridad alimentaria, que permitan desatar el potencial del sector agropecuario del país. El proyecto incluye una política pública territorial diferenciada basada en criterios de complementariedad, completitud y concurrencia para la articulación y la coordinación interinstitucional, tanto a nivel nacional como departamental y local.
El acuerdo le otorga prioridad a la provisión de bienes públicos que habiliten el desarrollo agropecuario, especialmente de vías terciarias, electrificación, conectividad digital, distritos de riego, manejo con ventanillas únicas y convergencia técnica entre el ICA y el Invima. La iniciativa también comprende sistemas de información agropecuaria, servicios técnicos de apoyo, crédito de fomento, seguros y garantías para favorecer a los productores, instrumentos de innovación a partir de alianzas público-privadas, promoción de exportaciones agropecuarias con planes decenales, seguridad jurídica que faculte la formalización de la tierra del campesinado y los tenedores de buena fe exenta de culpa y fomente el emprendimiento agrario con recursos de capital semilla y esquemas asociativos de desarrollo empresarial para mejorar la productividad.
De la hoja de ruta propuesta sobresalen, además, la aprobación legislativa del proyecto de ley de tierras –con los ajustes correspon- dientes– concebido por la administración anterior, el cual fue inicialmente sometido al proceso de consulta previa y luego promovido por el actual Gobierno en la pasada legislatura; el diseño y la implementación de un impuesto de renta del 15% para todas las actividades productivas del sector agropecuario; y un régimen laboral propio y simplificado para el sector rural, acorde con sus características productivas y estacionalidad, que propicie la formalización y la dignificación del trabajador agrario.
El Gobierno y el Congreso tienen una oportunidad histórica única para acoger y desarrollar este gran acuerdo sobre lo fundamental para el desarrollo integral del campo.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP
andresespinosa@inver10.co
