La Fiscalía reveló dos modalidades por medio de las cuales estos mercaderes de la paz habrían intentado apropiarse de recursos del posconflicto.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló el “entramado de corrupción”, mediante el cual intermediarios inescrupulosos habrían intentado apropiarse de los cuantiosos recursos destinados a los proyectos de desarrollo rural y construcción de vías terciarias en el acuerdo con las Farc, dineros que en su mayoría provenían de países que han apoyado el proceso de paz.
La Fiscalía resaltó que Marlon Marín, extraditado ‘voluntariamente’ a Estados Unidos, sobrino de Luciano Marín, alías ‘Iván Márquez’, habría aprovechado su vínculo familiar para “generar relaciones de negocios”, asistir a las negociaciones en La Habana, acompañar al gobierno en las visitas a las zonas veredales, tomar nota de las necesidades básicas de sus pobladores y estructurar los proyectos que se presentarían luego a los funcionarios de la anterior administración de la Agencia de Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Vías. Según la Fiscalía, Marín, por su cercanía con las directivas del nuevo partido de la Farc, se habría beneficiado de “información privilegiada” relacionada con la calificación y designación de los proyectos.
La Fiscalía indicó que Marín se habría dedicado a gestionar proyectos de manera irregular ante las mencionadas entidades del Estado del anterior gobierno –en compañía de otras cinco personas vinculadas a la investigación– para conseguir su viabilidad financiera a cambio de la entrega de suculentas coimas. Martínez reveló dos modalidades por medio de las cuales estos mercaderes de la paz habrían intentado apropiarse ilegítimamente de recursos del posconflicto. Por un lado, “existieron acuerdos ilegales para sobornar funcionarios adscritos al Ministerio de Agricultura, tendientes a obtener certificados de disponibilidad presupuestal y desembolsos en el menor tiempo posible, que se iniciaron con actos para conseguir el valor del soborno”.
Por el otro, el grupo de doce intermediarios de contratos para obras y proyectos productivos, liderado por Marín –destinados a los municipios que sufrieron el conflicto y a los exguerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil–, obtenía la lista y cuantía de las vías terciarias elegidas, conseguía los contratistas para su ejecución y cobraba una comisión del 11 por ciento por la gestión. La forma de pago de los sobornos era 50 por ciento con cargo al anticipo y la otra mitad contraentrega de la primera acta de obra. Esta modalidad de corrupción, en la cual estarían vinculados alcaldes y funcionarios de varios entes territoriales, se alcanzó a perfeccionar en 19 departamentos del país.
El Fiscal General atestiguó que los mandatarios locales “eran los únicos que tenían la posibilidad de postular proyectos” para sus municipios. Los intermediarios se encargaban de preparar las propuestas, presentarlas ante la autoridad competente y tramitarles el aval de los alcaldes para que los contratistas preseleccionados, que fungían como ejecutores de las obras, pagaran las jugosas coimas. La Fiscalía indicó que los intermediarios cobraban 20 millones de pesos como cuota de ingreso a cada contratista para garantizar su participación en la ejecución de las obras.