Las Farc no solo tienen derechos, sino obligaciones respecto de los elementos que deben aportar sobre su participación en el narcotráfico.
El acuerdo de paz de la anterior administración propició el aumento exponencial de los cultivos de coca, los cuales pasaron de 80.500 hectáreas en el 2013 a 206.000 hectáreas en agosto de 2018, con un crecimiento del 156 por ciento.
A raíz de lo anterior, según las Naciones Unidas, la participación mundial de las siembras de coca de Colombia se incrementó del 40 por ciento al 74 por ciento en este periodo. Ciertamente, el fracaso de la estrategia acordada con las Farc para combatir el narcotráfico es la mayor dificultad que ha tenido la ejecución de lo pactado.
El acuerdo promovió una nueva visión del problema de las drogas, que en 89 ocasiones diferentes a lo largo de sus 310 páginas denomina como de “cultivos de uso ilícito”, con lo cual circunscribe la ilicitud a su uso y no a su siembra, cultivo o producción. De esta manera, el acuerdo legaliza, de facto, los cultivos de coca, marihuana y amapola, que dejaron de ser narcóticos ilícitos sujetos al Código Penal, en contravía de los compromisos de Colombia en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
Las Farc no solamente tienen derechos, que dimanan de lo convenido en La Habana, sino obligaciones explícitas respecto de los elementos exhaustivos y detallados que deben aportar sobre su participación en el narcotráfico y su entorno, que deben cumplir a cabalidad para que la paz sea verdadera y duradera.
En particular, las Farc no han cumplido con los compromisos contraídos con el Gobierno Santos, que los obliga a contar la verdad sobre “las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión”, particularmente en relación con la ubicación de los laboratorios, cristalizaderos, origen de los precursores químicos, rutas del narcotráfico de las drogas ilícitas producidas en Colombia.
Este grave incumplimiento ha contribuido al azaroso crecimiento de la coca en nuestro país, al igual que su postura contenida en el acuerdo al definir que “en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual”.
El Gobierno anterior, pese a que no renunció a la aspersión de cultivos ilícitos, ordenó su suspensión en mayo de 2015.
El expresidente Juan Manuel Santos reconoció desde Madrid (España), en el Fórum Europeo realizado el 13 de mayo de 2018, que era “cierto que los cultivos ilícitos han aumentado en los últimos tres años y yo asumo esa responsabilidad”. Añadió que “hubo un incentivo perverso, porque los campesinos dijeron: aquí va a haber una sustitución voluntaria, entonces va a haber beneficios cultivando coca, pues vamos a sembrar, y se aumentó”.
Finalmente, el acuerdo envió un mensaje equivocado y perverso a los narcotraficantes de todos los pelambres en la medida en que los generosos beneficios otorgados a las Farc -legalización, amnistía, no extradición, incentivos económicos, condenas sin cárcel- podrían ser concedidos a quienes incurrieran en conductas similares.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo Instituto de Ciencia Política
