El país nacional y empresarial reclama celeridad en la declaratoria de ilegalidad de una huelga que no debió ser.
Nunca, tan pocos en la historia económica del país perjudicaron a tantos durante tanto tiempo como los pilotos sindicalizados de Avianca, afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac). En la medida en que se conocen las cuantiosas pérdidas económicas generadas por la huelga ilegal, promovida por un puñado minoritario de pilotos de Avianca, valoradas inicialmente en un billón de pesos, 16.000 vuelos cancelados y 494.515 pasajeros afectados, el país nacional y empresarial reclaman celeridad en la declaratoria de ilegalidad de una huelga que no debió ser, y exige un cambio radical en las reglas de juego laborales que nos condujeron a semejante descalabro nacional e internacional.
De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, la ilegalidad de un paro como el promovido durante 51 días por el grupúsculo de pilotos de Acdac –declarado ilegal por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 6 de octubre– debe ser tramitada de manera preferente esta semana por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuya providencia deberá cumplirse una vez sea ejecutoriada.
Las razones por las cuales la ilegalidad de la huelga de Acdac debe ser ratificada son irrefutables. De conformidad con la Constitución Nacional y la ley, el transporte aéreo privado en Colombia es un servicio público esencial, organizado para satisfacer las necesidades de interés general de la población de forma regular y continua, razón por la cual no admite suspensión alguna, incluida la huelga. Es más, solo 259 pilotos de los 702 afiliados a Acdac votaron el paro el 15 de septiembre. Teniendo en cuenta que según el Código Sustantivo del Trabajo, la huelga debería ser aprobada por la mayoría absoluta de los 8.574 trabajadores de Avianca, o en su defecto, debería ser decretada por más de la mitad de los pilotos del sindicato de Acdac, resulta evidente que el paro aéreo no cumplió con las normas laborales colombianas.
Ahora bien, es forzoso reconocer el arrojo de Avianca, sus directivas, y en particular, la tenacidad negociadora del presidente de su junta directiva, Germán Efromovich, en defensa del Estado de Derecho y del empresariado colombiano, que al unísono seguía con preocupación los avatares de esta injustificada huelga y sus eventuales repercusiones sobre los usos y costumbres laborales en Colombia. En cuanto al sindicato de Acdac, todo apunta que para sus directivas era mejor un buen pleito que un arreglo.
Así lo atestiguan el rechazo del pliego laboral presentado por Avianca el 26 de septiembre y las 458 acciones legales interpuestas ante las autoridades competentes.
Tras bambalinas, queda un mal sabor de boca, ligado a las exigencias laborales de los congresistas demócratas estadounidenses para favorecer el sindicalismo en Colombia, que desde finales del 2006, sujetaron la aprobación del TLC al traslado de la declaratoria de ilegalidad de los paros al poder judicial, asunto sobre el cual es fundamental rescatar la soberanía nacional y devolverle esta atribución al Ministerio del Trabajo.
