El tributo patrimonial recae directamente sobre la acumulación de activos productivos de 15.000 grandes empresas.
La primera palabra de Jesús en la Cruz, el Viernes Santo, fue una súplica divina, no por sí mismo, sino por los demás. Desde la cima del Gólgota, a 10 kilómetros de la ciudad santa de Jerusalén, Jesús le pidió al Padre: “perdónalos, porque no saben lo hacen”.
Jesús sabía que, al pedir perdón para sus implacables verdugos, estaba abriendo la puerta para que ellos se dieran cuenta de sus errores y cambiaran sus acciones y sus vidas. Jesús -en su infinita misericordia- pensaba que los que obran mal nunca saben lo que hacen. Y si lo saben, son ángeles del demonio o el demonio mismo, que el diablo escoja.
En estos días de recogimiento y reflexión, nos topamos con numerosas acciones del actual gobierno, que ameritan perdón celestial, pero no olvido terrenal. Entre tantas malas políticas oficiales durante casi cuatro años de desgobierno, fundamentadas en marxismo trasnochado contra el empresariado, la economía, la salud, el régimen pensiones, la educación y la vivienda popular, para nombrar solo unas pocas, es complejo elegir la más gravosa, la más dañina de todas.
Escogemos la más reciente, la cereza del pastel oficial para poner en jaque a los empresarios que generan empleo y riqueza, así como a los inversionistas nacionales y extranjeros que promueven crecimiento económico, que se ven espantados por tanto desafuero ideológico de izquierda y ostensible deterioro de la seguridad, originado por la retorcida paz con total impunidad, que le entrego 70% del país a los narcotraficantes y bandas criminales locales (Eln, exFarc y Clan del Golfo), e internacionales (Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación).
Nos referimos al antitécnico impuesto al patrimonio líquido superior a $10.474 millones, exigido a las personas jurídicas nacionales y sucursales extranjeras. Este oneroso gravamen fue establecido por el Decreto Legislativo 0173 del 24 de febrero de 2026, con destino a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, la caja mayor de la corrupción estatal.
Corruptela que involucra a congresistas, ministros, directivos y contratistas de la Ungrd, quienes enfrentan acusaciones criminales por el manejo fraudulento de fondos públicos a cambio de favorecimientos políticos. Y en particular, por los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Según el análisis de la firma Bastet Family & Corporate Consulting, el tributo patrimonial recae directamente sobre la acumulación de activos productivos de 15.000 grandes empresas, el cual se traduce en la triple tributación confiscatoria que promueve el decrecimiento económico y paraliza la inversión local y extranjera.
En efecto, los grandes contribuyentes tributan por renta sobre sus utilidades y sus accionistas pagan impuestos por los dividendos distribuidos. Desde el primero de abril, las empresas soportan, además, una carga impositiva sobre su patrimonio neto.
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
