El 8 de diciembre de 2025 comenzaron oficialmente las campañas proselitistas para elegir senadores y representantes a la Cámara en nuestro país.
Estas campañas políticas se extienden hasta el próximo 8 de marzo, fecha en la cual se realizarán las votaciones de Congreso para el período 2026-2030.
Ahora más que nunca es imperativo que los cien ojos de Argos de la mitología griega se mantengan alerta y vigilantes para evitar el tráfico de votos tipificado en la Ley 1864 de 2017, que busca proteger los mecanismos democráticos y la transparencia de la participación electoral a nivel nacional y regional.
En el marco de los 16 delitos electorales que podrían presentarse en los comicios electorales para definir la composición del poder legislativo 2026, sobresalen por su potencial e impacto adverso en la actual coyuntura política, la compra de votos, y en particular, la denominada corrupción del sufragante mediante contratos directos sin licitación y entrega de dineros públicos para garantizar la votación por los candidatos de izquierda y la corriente política perteneciente al petrismo.
El objetivo de esta aberrante práctica punible pretende engrosar el ejército de electores militantes que garanticen un resultado electoral que favorezca la ideología socialista gobernante. Los riesgos son enormes; se encuentran en peligro los comicios y la democracia colombiana.
A partir del pasado 8 de noviembre, comenzó a regir la Ley de Garantías Electorales de 2026, que prohíbe la firma de contratos con recursos públicos directos que sean ejecutados dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones legislativas hasta las votaciones presidenciales de mayo 31 o de junio 21.
Desde el 8 de noviembre de 2025, la Contraloría General monitorea la contratación de recursos públicos durante el período de restricciones de contratación para prevenir los delitos electorales.
El ente de control encendió oportunamente las alarmas al detectar un incremento superior a los $7 billones en la contratación pública directa registrada en los meses de septiembre y octubre de 2025, precisamente antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías de 2026.
La Contraloría registró la suscripción de 521.269 contratos por un valor de $32,9 billones durante enero pasado, previo a las restricciones electorales adicionales impuestas por la Ley de Garantías.
En la última semana del mes, se observó una asignación del 45% del total por un valor de $14,8 billones, comportamiento desbordado de la contratación pública, que evidencia un elevado riesgo estatal de afectación electoral.
El aumento antitécnico del salario mínimo de 2026 -suspendido recientemente por el Consejo de Estado y la eliminación de la prima especial de servicios que recibían los parlamentarios, son acciones populistas adicionales de tinte socialista, que procuran ampliar el voto militante en favor de los candidatos del partido de gobierno.
Andrés Espinosa
Miembro del Consejo Directivo del ICP. andresespinosa@inver10.co
