La decisión judicial del Tribunal Federal de Apelaciones afecta directo el eje de las políticas comerciales del presidente Trump.
A finales del mes de agosto, el Tribunal Federal de Apelaciones estadounidense confirmó, por mayoría de 7 a 4, el fallo de la Corte Internacional de Comercio, que dictaminó en mayo pasado, que el presidente Trump no tenía autoridad para invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer unilateralmente aranceles globales, sin el consentimiento previo del Congreso.
La mayoría de los miembros del Tribunal Federal de Apelaciones coincidieron en que no podían “discernir ninguna autorización clara del Congreso” para que la administración Trump utilizara justificaciones como la importación de fentanilo, a través de las fronteras estadounidenses, para imponer Ordenes Ejecutivas con elevados aranceles a Canadá, México y China.
La decisión judicial del Tribunal Federal de Apelaciones afecta directamente el eje de las políticas comerciales del presidente Trump y, de ser confirmada por la Corte Suprema de Justicia, podría complicar varios de los acuerdos negociados por EE. UU. con países que buscan reducir su exposición a los altos aranceles exigidos por la Casa Blanca.
Este fallo judicial es un obstáculo serio para la aplicación global de elevados aranceles por parte del presidente Trump; añade, además, una ola de incertidumbre al panorama comercial mundial. La sentencia judicial no aborda los aranceles sectoriales específicos pretendidos a los productos como el acero, automóviles y farmacéuticos, que se fundamentan en otras disposiciones de la Ley de Comercio de 1974.
La Constitución de EE. UU., en su artículo 1.8, le otorga al Congreso la autoridad principal sobre la política comercial estadounidense. En particular, le entrega la facultad constitucional para imponer aranceles y regular el comercio exterior.
Históricamente, el Congreso ha delegado temporalmente algunas atribuciones comerciales al Ejecutivo, pero siempre ha mantenido un papel central en la formulación de la política comercial, definición y control de sus resultados.
En la medida en que las barreras comerciales no arancelarias crecieron y se convirtieron en el foco de las negociaciones internacionales, el Congreso estadounidense vio la necesidad de adoptar la Ley de Comercio de 1974, que incluye la autoridad de la “vía rápida” con la cual define con precisión los objetivos, autoriza transitoriamente las negociaciones comerciales y agiliza los procedimientos legislativos de aprobación e implementación de los proyectos de ley de los acuerdos comerciales autorizados, sin abandonar sus derechos constitucionales.
La última autorización de negociaciones comerciales aprobada por el Congreso, que incluye la determinación de aranceles, expiró en 2021. Los presidentes, Joe Biden y Donald Trump, no solicitaron su renovación. El presidente Trump, por su parte, decidió invocar los Poderes Económicos de Emergencia de 1977 para elevar los aranceles a nivel global, que el Tribunal Federal de Apelaciones no derogó, pero que metió en un limbo judicial hasta que la Corte Suprema de Justicia, confirme, como corresponde, la supremacía indiscutible de la Constitución.
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
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