La propuesta del ICP impide que el país siga caminando por la cornisa hacia la insolvencia financiera.
El desgobierno actual ha realizado lo que parecía imposible: ponerle fin a la disciplina fiscal. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, ICP, realizó un estudio que evalúa el Presupuesto General de la Nación 2026 bajo la dirección de Carlos Augusto Chacón, el cual revela el debilitamiento de la institucionalidad fiscal, la caída autoinfligida del recaudo y la erosión de la base tributaria derivada de la política oficial de decrecimiento económico y desincentivos a la inversión productiva.
La decisión del gobierno de activar la cláusula de escape, es decir, la suspensión por tres años de la regla fiscal y dejar en la estaca las advertencias técnicas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, quebró el orden institucional fiscal del país, al darle prelación a la expansión del gasto populista sobre el manejo prudencial de la política económica.
El castigo programado -a ciencia y conciencia- por el alto gobierno contra el sector productivo, especialmente la minería, los hidrocarburos, la industria fabril y la construcción de vivienda popular, que son los pilares del empleo y el recaudo, se ha se ha traducido en un deterioro de los ingresos tributarios, fomento de la informalidad y aumento del trabajo por cuenta propia.
Con este marco de referencia, el ICP considera -con sobradas razones-, que el Presupuesto 2026 de $557 billones agrava los desequilibrios mencionados. De este total, 80% está comprometido en gastos inflexibles y tan sólo 16% se dedica a la inversión pública. El equipo económico del gobierno ha optado por tomar, nuevamente, el camino chueco al financiar los gastos corrientes con fuentes transitorias e inciertas. Pese a tener el sol en la espalada, el ministerio de Hacienda pretende embarcar a Colombia en una nueva reforma tributaria para recaudar $26,3 billones -la más alta de la historia- recursos que se incluyen en el Presupuesto 2026 como “ingresos contingentes”, sujetos a la difícil e inconstante labor legislativa.
El gobierno insiste en presentar el Presupuesto 2026, inflado y desfinanciado. Por el lado de los gastos, con elevados erogaciones de funcionamiento de cálculo prelectoral, y por lado del ingreso, con una programación presupuestal, que además de contingente, luce fiscalmente irresponsable. Agravada por la pretensión oficial de redistribuir las vigencias futuras de infraestructura de transporte.
Para regresar a la sostenibilidad fiscal, el ICP propone: 1. Hundimiento la reforma tributaria 2026, con un ajuste de $26,3 billones; 2. Proyección realista del recaudo tributario, con una reducción de $11,3 billones; 3. Disminución del gasto primario, que el gobierno incorporó a última hora, con una baja de $18,2 billones. La conciliación fiscal requerida asciende a $55,8 billones. La propuesta del ICP impide que el país siga caminando por la cornisa hacia la insolvencia financiera.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
