El documento de la corte apuntan a … un ‘posible esquema ilegal de compra de la función legislativa’.
El gobierno del presidente Gustavo Petro convirtió la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público -creada por la Ley 123 de 1959- en un bazar persa de compra venta de conciencias de la función legislativa con fines políticos
La Comisión Interparlamentaria, concebida originalmente como un órgano asesor de carácter vinculante para vigilar las operaciones de financiación de los planes de desarrollo económico y de mejoramiento social de las regiones, se ha convertido en un enlace nauseabundo de corrupción y complicidad forjado en los diversos conclaves realizados en la Casa de Nariño entre algunos miembros del alto gobierno e integrantes de la Comisión Interparlamentaria.
El llamado a indagatoria de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de cinco congresistas y un excongresista, miembros de la Comisión Interparlamentaria, destapó esta maloliente olla de corrupción política. Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz deberán asistir al emplazamiento de la Corte Suprema entre el 2 y el 11 de diciembre. Estos parlamentarios habrían vendido su concepto favorable de endeudamiento a cambio de una jugosa participación en tres millonarios contratos de obra e interventoría de contratación directa, sin licitación pública, de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, por $700 mil millones, de donde se apartaron para el pago de sobornos $92 mil millones para tres proyectos en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar.
El documento de 78 páginas de la Corte Suprema reconstruye con precisión las reuniones, las llamadas telefónicas y las frecuentes visitas al ministerio de Hacienda, las cuales apuntan a “un posible esquema ilegal de compra de la función legislativa”, que manifestaría que los seis congresistas indagatoriados y varios ministros del gabinete del presidente Petro hicieron parte de este tenebroso entramado de corrupción.
Los funcionarios mencionados en la investigación de la Corte Suprema son el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y el entonces director del DAPRE, Carlos Ramon González, quienes, según el alto Tribunal, sostuvieron reuniones, conocieron o tomaron decisiones durante 2023 para destrabar con la chequera de la UNGRD el trámite de proyectos del gobierno que permanecían “estancados” en el Congreso.
La determinación del ministro Bonilla de marginar de la Comisión Interparlamentaria al director de Crédito Público, José Roberto Acosta, para evitar posiciones adversas al gobierno y designar a su asesora, María Alejandra Benavides, es un indicio más del entuerto oficial. Benavides se rebeló la semana pasada y declaró ante una fiscal delegada de la Corte Suprema, que el titular de la cartera de Hacienda “lo sabía todo, absolutamente todo”.
Por dignidad y transparencia, los funcionarios investigados deben renunciar.
ANDRÉS ESPINOZA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP
andresespinosa@inver10.co
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