El Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózaga (ICP), con el concurso de la red internacional de Atlas Network, desarrolló el Indicador de Afinidad con la Libertad Económica (IALE), como un instrumento para medir la correspondencia de proyectos de ley en curso, leyes aprobadas y congresistas en ejercicio con la libertad económica. La metodología define la libertad económica como la capacidad de los individuos, las familias y las empresas para tomar decisiones libres sobre la forma como emprenden, trabajan, producen, consumen, ahorran e invierten.
El IALE hace seguimiento al trámite de proyectos de ley en el Congreso Nacional para monitorear su impacto, una vez se convierten en leyes, en el desempeño de la economía colombiana, a través de indicadores económicos, que definen las reglas de juego que favorecen la libertad económica.
El IALE se formula a partir de seis dimensiones: tamaño del gobierno y tributación; propiedad privada y Estado de Derecho; estabilidad monetaria y competitividad del sistema financiero; libertad para comerciar internacionalmente; intervención del Estado en los mercados de bienes, servicios, trabajo y capitales; y empoderamiento de la sociedad civil.
El IALE establece dos mediciones, la afinidad del proyecto de ley o de la ley con la libertad económica y la consonancia del congresista con sus acciones legislativas llevadas a cabo frente al proyecto de ley a lo largo de su trámite legislativo.
De esta forma, el IALE brinda información a la sociedad civil sobre la responsabilidad política de los congresistas frente a las leyes que aprueban, para que, según el principio de representatividad, tengan herramientas para ejercer mejor el control ciudadano.
El ICP realizó su primer ejercicio de control legislativo, aplicado al proyecto de ley de reforma laboral, que rajó con una puntuación del IALE del 32 % por su carencia de afinidad con la libertad economica. Esta baja calificación demuestra la necesidad de ajustar la propuesta laboral para asegurar un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores, un mercado laboral competitivo y un entorno económico libre, que impulse el crecimiento económico sostenible y el bienestar de los colombianos.
