Los anuncios del presidente, Gustavo Petro, son premonitorios de una transformación que pretende concentrar en sí mismo, el poder estatal.
La autocracia es un sistema de gobierno en el cual la voluntad de una sola persona es la ley suprema. En la autocracia, el poder del Estado se concentra en una sola persona o en una institución.
Etimológicamente, según el Diccionario de la Real Academia Española, el término autocracia se deriva de las palabras griegas autos, que significa por sí mismo, y kratos, que quiere decir gobierno o poder.
En la autocracia, no hay límite alguno para el poder del primer mandatario, que busca decimar los mecanismos legales que regulan, controlan o limitan sus actos de gobierno.
Los autoritarios anuncios de las últimas semanas del presidente, Gustavo Petro, son premonitorios de una transformación de revolucionario a un socialista que pretende concentrar en la Presidencia, y en sí mismo, el poder estatal. Para un país presidencialista como el nuestro, este desvarío político podría poner en riesgo, real e inminente, los cimientos de nuestra democracia republicana, que nos ha guiado como nación por más de 200 años de historia.
Las pruebas están al canto. El comienzo de la estatización de la salud y la implementación administrativa por decreto de la reforma que transita atropelladamente por el recinto del Congreso, son acciones de un autócrata que no respeta los tiempos legislativos ni la separación de poderes.
Para las EPS intervenidas, (Savia Salud, Asmet Salud SOS, Emsanar y Famisanar), y para la Nueva EPS, entidad oficial que inició operaciones el 1 de agosto de 2008 con el traslado de los afiliados del Instituto de Seguros Sociales (ISS), Petro ordenó aplicar el modelo preventivo y de giros directos a las IPS (clínicas y hospitales); tal como lo establece el proyecto de reforma de la salud del gobierno que se debate en el Congreso.
Petro anunció, además, que, por ahora, no va a intervenir más EPS, pero que pretende promover el giro directo de los pagos por servicios médicos a las IPS, mientras se adelanta su estatización, con el cuestionado apoyo de la Contraloría General de la Republica y en contravía del sentir de los gremios y los preocupados usuarios de la salud a lo largo y ancho del país.
El borrador gubernamental del proyecto de ley que reforma los servicios públicos le entregaría la regulación directa de tarifas al presidente Petro. Un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda busca entregarle poderes absolutos al presidente Petro para autorizar el giro, renegociar contratos y reasignar los recursos financieros estatales comprometidos mediante el mecanismo de vigencias futuras.
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2026, las vigencias futuras comprometidas por el Estado ascienden a $54,8 billones, equivalentes al 3,6% del PIB. Su desconocimiento, por cierto ilegal, pondría en riesgo la estabilidad jurídica de la nación, espantaría la inversión extranjera y frenaría aún más el crecimiento económico en Colombia.
ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
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