Todos tenemos la responsabilidad histórica de proteger los intereses patrios y promover la democracia colombiana.
Para salvar el país de las garras del populismo autocrático que pone en riesgo la democracia colombiana, resulta esencial reconocer que esta es la realidad actual que vivimos para luego aplicar un antídoto eficaz contra el veneno político que corroe las venas del Estado de Derecho de Colombia.
La problemática nacional que explica el dilema existencial de los demócratas colombianos tiene que ver con un hecho político incuestionable, la llegada al poder del Pacto Histórico.
Atrás quedaron las trapisondas de una campaña sucia orientada a diezmar a sus contrarios para garantizar la toma de la Casa de Nariño.
El correctivo fundamental es también de naturaleza política, que ponga en marcha una estrategia que permita recuperar las energías democráticas nacionales.
Para ello, es preciso reconquistar la mayor cantidad posible de las 32 gobernaciones y las 1.102 alcaldías, asambleas, concejos y ediles municipales en las elecciones de octubre próximo, con énfasis en Bogotá, Medellín y Cali y sus zonas de influencia.
Como en España, el regreso al Palacio de La Moncloa del Partido Popular empieza por el control regional de las autonomías; en Colombia, es menester restaurar el balance de poder en las regiones de cara a las elecciones presidenciales de 2026, el verdadero teatro político donde se define la supervivencia de nuestra democracia.
Los partidos de oposición -el Centro Democrático y Cambio Radical- con el apoyo de las nuevas fuerzas democráticas que podrían consolidarse entre los liberales y conservadores que repelen el régimen populista de Petro, deberían aglutinar -con voluntad política- sus legiones para ganar espacios democráticos en las elecciones municipales y posicionarse para las presidenciales de 2026. El gran riesgo de Petro es que se quiera quedar.
Por tanto, la prioridad política de la oposición -de los millones de colombianos que votamos en su contra, sumados a los arrepentidos por el errado manejo de la cosa pública– consiste en votar a conciencia y volver por los cauces democráticos para fortalecer el Estado de Derecho, la separación de los poderes públicos y el imperio de la ley.
Las altas cortes y los jueces están llamados a jugar un papel de primer orden en este frente, de cuyos resultados dependerá la democracia colombiana, especialmente asediada por la manzana envenenada de la paz total, la amnistía política de delincuentes y terroristas y la legalización de los alcaloides y sus capitales.
Los ciudadanos, los medios de comunicación, los centros de pensamiento, los gremios de la producción, la academia y los empresarios que tengan como bandera el interés nacional y la defensa de las instituciones independientes como el Banco de la República, así como la Fiscalía y los demás entes de control que actúen con independencia del poder presidencial, tenemos, todos a una como en Fuenteovejuna, la responsabilidad histórica de proteger los intereses patrios y promover la democracia colombiana.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP
Nicolas Garay
Bueno!