La pandemia se erige como caldo de cultivo para criticar a gobernantes, pedir cambios de política y vender propuestas populistas.
Manuel Alcántara, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, sostiene con fundamento que hay fatiga democrática en Latinoamérica, fenómeno evidenciado por las violentas protestas sociales en los meses previos a la declaratoria global de la pandemia de nuestro tiempo, la exclusión social, la desigualdad y la corrupción regional, esta última asociada a las turbias aguas empresariales y los groseros sobornos prodigados a la clase dominante latinoamericana por la firma brasilera Odebrecht.
A nivel político, el desfallecimiento gradual, pero profundo de la democracia regional se origina en la crisis de representación de los partidos políticos tradicionales, la polarización social y la oscura corruptela del sistema de justicia, que camina como un buey cansado y vendido en busca de mejores causas, algunas con agenda política propia y otras con torticero beneficio pecuniario.
En el terreno económico, el panorama latinoamericano no puede ser más preocupante, región azotada por el Covid-19 y el aumento de la pobreza y la miseria extrema en el campo y las ciudades, el desempleo abierto y disfrazado, la creciente inactividad de hombres, mujeres y jóvenes en un marco de creciente informalidad laboral y la destrucción de sueños empresariales, especialmente de los nuevos emprendedores, gastronómicos y de entretenimiento, en restaurantes, bares y discotecas.
La disímil respuesta de los gobiernos regionales de apoyo ciudadano y empresarial se ha traducido en un incremento inusitado del accionar del Estado intervencionista como legislador y benefactor, que no ha tenido otra opción que tejer una costosa red de protección de naturaleza temporal –con vocación de permanencia para evitar el resurgimiento violento de las protestas sociales– con el objetivo de defender a los más vulnerables de las draconianas restricciones impuestas para mitigar la pandemia.
Este es el telón de fondo de la actividad proselitista regional, que realiza elecciones presidenciales este año en Ecuador, Perú, Haití, Chile, Honduras y Nicaragua; y en el 2022, Costa Rica, Paraguay y Colombia. Los retos para los defensores del Estado de Derecho y las libertades económicas y empresariales en estos países son significativos, especialmente por los riesgos inherentes a los promeseros populistas que acechan como lobos solitarios y hambrientos los palacios de gobierno.
El principal riesgo político es la pandemia, que se erige como el caldo de cultivo para criticar a los gobernantes, pedir cambios de política y vender propuestas populistas. La visión cortoplacista del populismo latinoamericano, cuya oposición al orden establecido pretende llegar al poder sin importar los medios usados para alcanzar sus fines, presupone un enorme riesgo para el empresariado regional. La presión de los potenciales votantes para mantener, o incluso aumentar el gasto social sin consideración sobre su sostenibilidad fiscal, serán la esencia del populismo rampante, que es preciso controvertir y atajar en las urnas.
