Una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma. Está muerto y desaparece toda posibilidad de opinión divergente.
La Presidencia de la Conferencia Episcopal de Venezuela señala que los violentos acontecimientos de los últimos días son un claro indicio de una grave crisis nacional, que lesiona la democracia y la convivencia de los venezolanos, por lo cual se pregunta de manera seria y responsable “si no son válidas y oportunas la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales, internacionales y las protestas cívicas”. Por su pertinencia y circunstancia, transcribimos otros apartes de este trascendental comunicado para que sirva de reflexión espiritual en esta Semana Santa:
“En nuestra condición de pastores de la Iglesia Católica, sentimos que estamos ante unas ejecutorias que desconocen e inhabilitan el órgano público que representa la soberanía popular, en función del ejercicio omnímodo y unilateral del poder, sin tomar en cuenta a la gente. Son decisiones moralmente inaceptables y, por tanto, reprobables.
Existe una distorsión en el ejercicio del poder en Venezuela. Pareciera que todo gira en torno a lo político, entendido como conquista del poder, olvidando que las necesidades reales de la gente reclaman otra visión del poder. La incapacidad para dar solución a la escasez y carestía de los alimentos y medicinas, la creciente violencia, la incitación al odio y el desconocimiento de las normas elementales para una convivencia en paz, son, entre otras, las causas que nos tienen sumidos en un marasmo que entorpece el entendimiento y el progreso.
Más allá de las consideraciones jurídicas y constitucionales, la eliminación de la Asamblea Nacional, suplantándola por una representación de los poderes judicial y ejecutivo, es un desconocimiento absoluto de que la soberanía reside en el pueblo y de que a él le toca, en todo caso, dar su veredicto. Una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma. Está muerto y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder. Se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura siendo, como siempre, los más débiles y pobres de la sociedad los más perjudicados.
Desconocer la existencia del otro y sus derechos es, sencillamente, destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural. Es más bien una provocación a la desesperanza ante el atropello de derechos fundamentales del que todo gobierno debe ser el primer garante. Por el contrario, es necesario generar gestos valientes e iniciativas innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza para construir una convivencia libre, justa y fraterna; es tarea que nos compete a todos, cada cual según su posición.
Estamos muy cerca de la Semana Santa. Para los católicos, la conmemoración de los atropellos contra Nuestro Señor Jesucristo es un urgente llamado a tomar conciencia y a actuar de manera pacífica, pero contundente ante la arremetida del poder. No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás”.
