En vez de fomentar las importaciones, el Ejecutivo debería reestructurar el crédito rural y apoyar la producción local de cereales y oleaginosas.
De acuerdo con el programa mundial de monitoreo y análisis de los precios de los alimentos de la Fao, la comunidad internacional ha adoptado una serie de medidas concretas para impedir que la inseguridad alimentaria coja vuelo y agrave la crisis humanitaria generada por el covid-19 y las estrictas medidas de aislamiento sanitario, social y laboral.
Al examinar y clasificar por objetivos las políticas públicas globales de seguridad alimentaria, nos encontramos con una gran variedad de actividades estatales, que incluyen la compra de alimentos para aumentar las reservas alimentarias nacionales en Bangladesh, El Salvador y Myanmar; suspensión de impuestos al consumo de bienes comestibles en Kenia y Somalia; control de precios de víveres en Argentina, Honduras, Kazajstán, Sri Lanka y Ucrania; prohibición o aplicación de impuestos o cuotas a las exportaciones agrícolas en Argentina, Bielorrusia, El Salvador, Honduras, Kazajstán, Kirguistán, Mali, Rusia, Sudan, Tayikistán, Unión Económica Euroasiática y Vietnam; alza en los precios de sustentación para acrecentar la producción interna agropecuaria en Brasil, Estados Unidos, México y Pakistán; incremento de los precios locales de referencia para apoyar las compras públicas de comida en China.
En Colombia, el Gobierno decidió combatir oportunamente la especulación de precios de los alimentos y favorecer el abastecimiento de alimentos, mediante la vigilancia semanal de su comportamiento a cargo del Dane y la definición de excepciones al confinamiento de la producción, movilización y transporte de la cadena agropecuaria.
Pese a estos innegables aciertos oficiales, luce errada y contraria a la seguridad alimentaria colombiana, la concentración de los créditos de emergencia, vía redescuento, de Finagro en grandes compañías para capital de trabajo, comercialización y normalización de cartera en actividades ajenas a la producción agropecuaria. Así como la reducción temporal -prorrogable hasta el mes de septiembre- de los aranceles para promover aún más las abultadas importaciones de maíz amarillo, sorgo, soya y sus derivados. En particular, me refiero al impacto del Decreto 523 de 2020, por medio del cual se permite e impulsa la importación adicional al país, sin aranceles, de cuatro y medio millones de toneladas de maíz amarillo, sorgo y soya para la fabricación de alimentos balanceados para carne de cerdo, pollo, huevos y pescado.
De acuerdo con Fenalce, el gremio nacional de los productores de cereales y soya, la norma en comento fue elaborada bajo dos premisas falsas: alza del precio internacional del maíz y el desabastecimiento local, que no tuvo en cuenta el amplio cupo disponible de importación de insumos agrícolas estadounidenses para alimentación animal.
Así pues, en lugar de fomentar las importaciones agrícolas y patrocinar la inseguridad alimentaria doméstica, el Ejecutivo debería reestructurar el crédito agropecuario a favor
del productor, derogar la aplicación del Decreto 523 de 2020 y apoyar la producción local de cereales y oleaginosas con coberturas cambiarias, semillas mejoradas, trazabilidad, aumento de la productividad, fomento del consumo nacional, compras públicas y sustitución inteligente de importaciones.
Andrés Espinosa Fenwarth
Miembro del Consejo Directivo del ICP.
andresespinosa@inver10.co
