Según la Federación Nacional de Biocombustibles, Colombia es el noveno productor de biodiésel del planeta.
Hace más de diez años, Colombia inició la producción y mezcla de biodiésel a base de palma de aceite con acpm de origen fósil. Desde entonces, el programa de elaboración de biodiésel se ha convertido en parte integral del desarrollo agroindustrial sostenible y de la ecuación de seguridad e independencia energética de nuestro país.
Actualmente, según la Federación Nacional de Biocombustibles, Colombia es el noveno productor de biodiésel del planeta, el cuarto derivado de palma de aceite y el tercero en importancia de Latinoamérica en tamaño y contribución en la lucha contra el cambio climático.
El 10 de septiembre del 2014, los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidieron, conjuntamente, la Resolución 90963, mediante la cual establecieron que los grandes consumidores de diésel contaminante de origen nacional o importado, y en particular, la gran minería “deberá utilizar obligatoriamente el porcentaje de biocombustible”, que determine la autoridad competente. Extrañamente, con la complicidad oficial de la anterior administración, la minería a gran escala incumplió la citada obligación de mezcla con biodiésel, normativa general de efecto inmediato y vigente en todo el territorio nacional, salvo el trato especial concedido para la zona fronteriza.
Según el Programa de Transformación Productiva, la regulación colombiana en materia de emisiones, calidad de los combustibles y uso de biodiésel en Colombia ha evolucionado en concordancia con las exigencias internacionales a nivel técnico y ambiental, las cuales incluyen el uso obligatorio de biocombustibles, cuyas mezclas con biodiésel pueden ir desde el 5 por ciento (B5) hasta el 20 por ciento (B20). En tímida respuesta a lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía expidió, el pasado 28 de febrero, la Resolución 40188 por medio de la cual le dio a la gran minería un año de gracia para cumplir el porcentaje de mezcla de biodiésel de 2 por ciento (B2) y de 18 meses para acoger la mezcla de 5 por ciento (B5).
La mencionada normativa no tuvo en consideración que durante años, la gran minería incumplió, impunemente, la obligatoriedad de la mezcla de acpm contaminante con biodiésel sostenible de origen vegetal, cuyo consumo anual asciende a 6’120.000 de barriles. En lugar de poner en cintura a este subsector minero y exigir su observancia, el Ejecutivo prefirió librar una patente de corso para que siguieran produciendo y contaminando por un año y medio más, en contravía de la tesis de campaña y de gobierno del presidente Iván Duque, que a la letra reza ‘producir conservando y conservar produciendo’.
El Ministerio de Minas desconoció, además, la capacidad instalada de biodiésel y el hecho de que todos los equipos de multinacionales –como Caterpillar– pueden ser usados con mezclas de biodiésel de 7 por ciento (B7) y de 20 por ciento (B20) en la mayoría de ellos, sin perder la garantía de fábrica. Razones de peso para revisar la norma y ponerla en línea con esta realidad.
