Leopoldo López Mendoza, descendiente del primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza, fue encarcelado y ultrajado en una celda miserable de la cárcel militar de Ramo Verde durante 19 meses, condenado y sentenciado luego a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por un crimen que no cometió. Su única culpa consistió en trabajar patrióticamente por la supervivencia de la democracia en Venezuela.
Desde los primeros días como alcalde del pequeño municipio del Chacao, López Mendoza enfrentó con valentía al régimen chavista por el abandono de los valores democráticos y el irrespeto de los derechos humanos; se opuso, asimismo, al socialismo del siglo XXI, cuyo mayor logro ha sido el reparto equitativo de la pobreza en Venezuela.
Hace, precisamente, cuatro años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió una sentencia, mediante la cual declaró responsable internacionalmente a Venezuela por haber vulnerado el derecho de López Mendoza de ser elegido, como consecuencia de las infundadas sanciones de inhabilitación de tres y seis años para el ejercicio de funciones públicas que le fueron impuestas por el Contralor General de la República. Desde el Palacio de Miraflores, esta determinación se convirtió en leña para la hoguera de la inquisición bolivariana. Desde entonces, la persecución oficial contra la oposición democrática de López Mendoza ha sido rigurosa hasta que finalmente mostró su verdadero rostro: el imperio de la ley al servicio de los intereses del régimen, representado por un juicio político contra López Mendoza como prisionero de conciencia, que le impidió defenderse en libertad y presentar pruebas, descargos y testigos.
El monstruoso proceso contra Leopoldo López Mendoza es la prueba reina de la politización de la justicia y la extinción del Estado de Derecho en Venezuela, elementos que son examinados por una organización internacional independiente y multidisciplinaria, denominada ‘Proyecto de Justicia Mundial’. La evaluación abarca la forma como 102 países se adhieren, o no, a los principios rectores del Estado de Derecho, la cual se consigna en el Índice del Estado de Derecho 2015, publicado esta semana. Nadie podrá asombrarse con la vergonzosa calificación de Venezuela: último lugar a nivel planetario.
El Índice del Estado de Derecho se sustenta en ocho dimensiones: control de los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, orden y seguridad, protección de derechos fundamentales, gobierno abierto, cumplimiento de la ley, acceso a la justicia civil y criminal. Venezuela tiene la peor valoración de América Latina y del mundo en prácticamente todos los pilares analizados. La concentración del poder presidencial, la ausencia de separación de poderes, la violación de los derechos fundamentales –particularmente la libertad de opinión y la censura de prensa–, la corrupción y las fallas del debido proceso en los juicios civiles y penales, explican el lamentable desempeño del socialismo bolivariano y el entierro del Estado de Derecho venezolano, en salmuera hasta que Leopoldo López Mendoza sea exonerado y elegido presidente.
