La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) presentó este mes la evaluación de las políticas agropecuarias de sus miembros, la cual incluye por vez primera a Colombia y a otros países no miembros. Catalina Crane, funcionaria del alto Gobierno, encargada de las relaciones oficiales con este importante organismo internacional desde mediados del 2011, publicó la semana pasada en el Portafolio, un sesudo análisis titulado ‘La política agropecuaria ante los ojos de la Ocde’, documento que amerita algunas observaciones.
Catalina plantea tres conclusiones principales en el mencionado artículo: “Nuestra política agrícola, a pesar de lo generosa, no ha generado los resultados que busca, en términos de productividad, competitividad y crecimiento; Colombia es uno de los países con mayor apoyo a la agricultura; los países que han tenido éxito en impulsar su sector agropecuario otorgan sus apoyos de manera muy diferente a lo que hace Colombia”.
La Ocde sostiene, con fundamento, que la baja productividad agropecuaria del país responde realmente a la deficiente calidad y cantidad de la infraestructura física, comercialización, transporte e información, que traban el acceso de los agricultores a los mercados de insumos y productos, anomalías estructurales que favorecen la aparición de numerosos intermediarios en las cadenas de suministro que debilitan la posición de los productores. Estas protuberantes fallas de mercado no pueden ser ignoradas en ninguna valoración objetiva de la agricultura colombiana.
La Ocde demuestra, además, que “el sector agrícola ha padecido las consecuencias de políticas deficientes”, que no han invertido lo suficiente en bienes y servicios públicos. La Ocde asegura que “el marco institucional de la política agrícola colombiana tiene importantes debilidades”, derivadas de la duplicidad de responsabilidades y deficiente coordinación entre el Ministerio de Agricultura, las entidades adscritas y vinculadas, los departamentos y los municipios rurales del país. El conflicto interno y la insuficiente gestión en materia de tierras, igualmente afectan adversamente, según la Ocde, el desempeño del sector agrícola en Colombia. Estos elementos también deben hacer parte integral de una apreciación serena del estado actual de la agricultura nacional.
De acuerdo con el Estimado de Soporte al Productor (ESP), calculado por la Ocde, el apoyo gubernamental a la agricultura colombiana representó el 19 por ciento de los ingresos brutos de los agricultores en el periodo 2012-2014. Este indicador es equiparable al promedio de la Ocde, la Unión Europea y China, e inferior a los niveles de Turquía e Indonesia (21%), Islandia (45%), Corea del Sur (51%), Japón (52%), Suiza (55%) y Noruega (60%). Así pues, los agricultores colombianos no son los que más apoyos estatales reciben.
Ciertamente, las políticas agrícolas exitosas de otros países son distintas a las nuestras, por la sencilla razón de que son funcionalmente articuladas y no tienen que contrarrestar el elevado costo país, el conflicto rural, el desplazamiento forzado de los agricultores y la ineficacia del sistema nacional de innovación agropecuaria.
