George Santayana, filósofo, poeta y novelista hispano-estadounidense, señalaba que “aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”.
Este aforismo nos cae como anillo al dedo para hacer un paralelo entre Nafta –Tratado de Libre Comercio de América del Norte- y nuestro TLC con Estados Unidos, particularmente referido a la célebre ‘guerra de las tortillas’. Este impresionante fenómeno de protesta social observado en la pasada década, se generó por la complacencia de la Secretaria de Comercio de México (Secofi) que cedió de manera irresponsable a las presiones de los industriales que perseguían omitir lo negociado en Nafta y abrir el mercado mexicano de maíz amarillo a Estados Unidos.
‘La guerra de las tortillas’ se originó por el errado manejo de Secofi, que desconoció lo negociado en Nafta al permitir, desde el inicio de su implementación, el libre acceso de maíz amarillo estadounidense.
Esta decisión oficial se tradujo en la importación de 14,6 millones de toneladas de maíz amarillo sin aranceles por encima de la cuota negociada en Nafta, que le costó al fisco mexicano 2,8 billones de dólares en menores ingresos tributarios entre 1994 y 2003. Un millón de campesinos dedicados al cultivo de maíz engrosaron las filas del desempleo y la pobreza rural, por cuenta del abandono de los instrumentos de protección acordados en Nafta.
En Colombia, la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) pretende replicar la historia mexicana a través de la guerra del maíz nacional.
Fenavi solicita un cupo de importación sin aranceles de 1,1 millones de toneladas de maíz amarillo estadounidense, equivalente a la producción anual de nuestro país.
El volumen de este alarmante petitorio gremial es adicional a las importaciones actuales de 4 millones de toneladas, que comprenden el contingente libre de aranceles acordado en el TLC con Estados Unidos de 2,4 millones de toneladas para el 2015. El costo fiscal del aguinaldo tributario solicitado por Fenavi asciende a 86 mil millones de pesos.
La voz del gremio de productores de cereales, Fenalce, se hizo sentir en una comunicación de su gerente general, Henry Vanegas, dirigida a la ministra de Comercio e Industria, Cecilia Álvarez-Correa, en la cual le manifiestan su “rotunda oposición” a las pretensiones de Fenavi.
Sostiene, asimismo, que “flaco servicio se le estaría prestando al país al someterlo a un sacrificio fiscal, solamente pensando en favorecer o mantener la tasa de ganancia de unos pocos empresarios avícolas, que desconocen los acuerdos de competitividad, los encadenamientos productivos y las negociaciones internacionales cuando les conviene”.
Para concluir, Fenalce le recuerda a la ministra de Comercio, que “la paz como la comida viene del campo a la ciudad”.
Así las cosas, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, debería ponerse las botas y ejercer su poder constitucional de veto contra este exabrupto económico y social, que pone en riesgo el sustento de 200 mil familias colombianas dedicadas al cultivo de maíz.
