Matthias Jørgensen, jefe de la Unidad para América Latina de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, puso el dedo en la llaga del incumplimiento de los TLC negociados por Colombia. El delegado europeo le pidió a Colombia “cumplir con el 100 por ciento de los puntos suscritos en el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, que comenzó a implementarse hace dos años”. Así lo manifestó en una entrevista concedida al diario Portafolio y en el Comité de Comercio del Acuerdo, que supervisa su funcionamiento. El representante europeo reconoció el esfuerzo realizado por nuestro país en la implementación de lo acordado, pero recordó que es fundamental respetar la totalidad de lo convenido.
Jørgensen advirtió que Colombia quebranta sus obligaciones en tres áreas. En bebidas alcohólicas, el Gobierno tiene pendiente la armonización tributaria en el entendido que nada previene el mantenimiento del monopolio nacional de licores. En materia sanitaria, el ICA y el Invima han sido renuentes a cumplir lo convenido. Colombia sujeta la importación de camiones a la política de chatarrización, en contravención con el programa de liberalización comercial.
El TLC con Estados Unidos también evidencia inobservancias nacionales en lo referente a administración aduanera y facilitación de comercio. En particular, no se acatan los compromisos en tiempos de despacho y desaduanamiento de mercancías en 48 horas, ni la eliminación de restricción sobre peso y valor para envíos de entrega rápida. En cuanto a licores, si bien el término pactado para equiparar la carga impositiva no se ha vencido aún, el fracaso de la iniciativa, incluida en el Plan de Desarrollo 2014-2018, permite prever que este asunto podría convertirse en un irritante comercial con ese país.
En lo referente al TLC con Canadá, el Ministerio de Comercio e Industria pretendió marginar inicialmente la salvaguardia agropecuaria, determinación que a la postre impidió que el tratado se pusiera en vigencia en la fecha previsa –15 de agosto del 2011–, cuya entrada en vigor se perfeccionó seis meses después.
A la cultura del incumplimiento se añade el proyecto oficial que busca modificar –mediante decreto– lo establecido en todos los TLC. La pretendida reforma estructural arancelaria destruiría la esencia de los tratados comerciales, al acelerar la liberalización unilateral de la agricultura colombiana, con demoledoras consecuencias en materia de producción, empleo y pobreza rurales. A ello se suma la preocupante condescendencia oficial frente a los industriales que piden, por un lado, reducir el arancel del maíz amarillo en el marco del Acuerdo de Complementación Económica con Mercosur, y por el otro, solicitan liberalizar el aceite crudo de soya en el TLC con Estados Unidos que compite con la palma colombiana. Canadá gestiona, además, la desgravación de los aceites de canola y las margarinas, todo lo cual golpearía duramente al agro nacional y alteraría adversamente el balance de las concesiones negociadas.
¡Los tratados vigentes deben respetarse!
