La doctrina de la separación de poderes, tal como la expuso Montesquieu en 1747, se inspira en una concepción de unidad de país, entendida como el resultado de un equilibrio dinámico entre sus partes que logran compensarse. En este complejo mecanismo de pesos y contrapesos reside la esencia misma de la democracia moderna. Por el contrario, en su ausencia, es decir, cuando un Estado desmantela la autonomía de los poderes públicos, el resultado final es un Estado autocrático, o incluso, dictatorial.
Esta es la radiografía del ‘socialismo del siglo XXI’ que impera en Venezuela desde hace 15 años. Allí, en las hermosas tierras del Libertador, la separación de poderes desapareció hace años. Desde el Palacio de Miraflores se mueven los hilos del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial. De acuerdo con la organización Proyecto Mundial de Justicia para la elaboración del Índice de Respeto al Estado de Derecho 2012-2013 “Venezuela es el país con más débil desempeño en la mayoría de los factores que son medidos para determinar el nivel de respeto al Estado de Derecho”, área en la cual Venezuela se ubica en el puesto 95 entre 97 países evaluados, después de Zimbabue y Uzbekistán.
El Estado venezolano evidencia serias fallas a la hora de garantizar el respeto a los derechos fundamentales, en especial la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la privacidad, la propiedad privada y la libertad ciudadana. La justicia penal en Venezuela quedó en el último lugar del ranking mundial. Las razones del informe son perturbadoras. “En Venezuela, la justicia penal es ineficiente y está sujeta a la influencia política”.
La realidad bolivariana convalida plenamente lo anterior. El doloroso trato y la injusta persecución puesta en marcha contra la valiente dirigente política, María Corina Machado, es prueba viviente de lo que ocurre en Venezuela. La ordalía comenzó con el trámite ilegal, en la Asamblea Nacional, de la pérdida de su investidura como diputada; después le prohíben salir del país; luego la acusan de una supuesta participación en un intento de magnicidio contra el Jefe de Estado, y ahora le imputan –sin pruebas– el delito de conspiración, sancionado con cárcel de 8 a 16 años.
“La justicia está de rodillas, atendiendo sentencias que vienen de Miraflores o que llegan de La Habana”, expresó María Corina en una reciente entrevista con Globovisión. “A mí me persiguen no solo porque pido la renuncia del presidente Nicolás Maduro, sino porque estamos avanzando en la organización ciudadana”, manifestó María Corina en la entrevista concedida la semana pasada al diario El Tiempo; allí, le pide a los ciudadanos que “la acompañen en esta lucha”, y concluye afirmando que “la indiferencia por lo que aquí ocurre y lo que vivimos solo puede ser calificada como complicidad”.
¡Colombia también está con María Corina!
